La normativa contractual pública

Antes de la Ley de Contratos del Estado de 1965 había, obviamente, otra normativa, pero partiremos de ahí, respecto de esta norma se adaptó el texto a la normativa comunitaria  en 1986.

Estábamos entones en plena “huida del Derecho administrativo” y la Administración se esforzaba por crear personas jurídicas no sujetas a la LCE.

Además la antigua LCE tenía numerosos agujeros que suponían un gran libertad a la hora de adjudicar ( de lo cual se aprovechó Roldán cuando estuvo al frente de la Guardia Civil).

A principios de los 90 una Sentencia del Tribunal de Justicia del las Comunidades Europeas señalaba la falta de adecuación de la normativa contractual española a la europea.

En mayo de 1995 se publicó la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se restringió la libertad a la hora de adjudicar, se cumplió algo con Bruselas pero no se tradujo el concepto comunitario de poder adjudicador. En resumen el Derecho europeo busca si, materialmente, una empresa está controlada o no por la Administración y si, realmente, se dedica o no, a una actividad mercantil o industrial. El Derecho español decía que una empresa era industrial si así lo decía la ley española, incluso se defendió, yo entre ellos y con un dictamen del Consejo de Estado, que había fines mercantiles mediatos en inmediatos y había agencias de desarrollo (como el Instituto Aragonés de Fomento) que, aun cuando su fine no fueran inmediatamente mercantiles sino mediatamente mercantiles, estaban fuera de la normativa contractual pública.

Nada que tuviera que ver con el concepto comunitario de poder adjudicador.

Y lo del IAF era una chorrada para lo que se hacía por ahí. En octubre de 2003 surge el caso SIEPSA, el Tribunal de Justicia condena al Estado español porque la empresa SIEPSA no se sujeta a la normativa pública. SIEPSA era una SA y su objeto era tan mercantil como licitar la construcción de cárceles.

Desde mi punto de vista ahí empezamos a convertirnos algunos, al ver a las burradas que se podía llegar con el mal uso del Derecho español que llama a cada cosa lo que le da la gana y no lo que es.

En octubre de 2007 se dicta la Ley de Contratos del Sector Público y se traduce debidamente el concepto europeo de poder adjudicador, Los primeros años de la Ley son un trajín constante por adaptar todo el sector público a normativa pública contractual.

Cuando ya ha pasado la parte más dura, en torno a 2010, se enfoca la parte relativa a la modificación de los contratos. Hasta la fecha la normativa era siempre la misma y la Administración gozaba de gran libertad para modificar un contrato, esto daba lugar a dos problemas (i) corrupción (ii) fraude en la licitación, pues la obra se ejecutaba por más de lo que se licitaba.

La nueva normativa tendía a acabar con eso si bien, en línea con las directivas europeas, limitaba muchísimo la modificación.

Pero las directivas europeas han cambiado mucho en este aspecto, de hecho las vigentes de 2014 son claras al respecto. Permiten modificar los contratos mucho más que la normativa anterior.

Las directivas se debieron trasponer a principios de 2016 pero España estaba en el limbo, de hecho ahora está el proyecto de Ley en el Parlamento.

Veremos a ver qué sale.

La causa de los contratos

Recapitulemos, el art 1261 del Cc dice en su punto tercer que uno de los requisitos esenciales de todo contrato es la causa de la obligación que se establezca.

De todo contrato nacen obligaciones para las partes, y esas obligaciones han de tener una causa, un fin.

En los particulares será el lucro, Lucro normal y necesario pues sin ánimo de lucro es difícil que funcione cualquier cosa y aun el mero comer, En la Administración el fin es el interés general.

En los contratos públicos no puede haber otro fin so pena de delinquir o de no ser verdaderos contratos públicos.

Pero cuestiones de interés general hay muchas, más que dinero público, por ello sería bueno razonar en el expediente por qué se atienden unas necesidades y por qué otras no, Por ejemplo si se asfaltan ciertos kilómetros de carretera y otros no habrá que decirse porqué, y ahí no caben explicaciones políticas sino técnicas.

Las razones políticas son legítimamente incontrolables, hay un ámbito en la decisión que supone suplantar el libre criterio del que decide y eso no puede ser, Otra cosa es controlar los elementos reglados en que basa su libre decisión, Es como para el nombramiento de Fiscal General del Estado, se precisan 15 años de profesión jurídica, cumplido esto el Gobierno puede elegir a cualquiera de los concurrentes. Los 15 años de jurista son controlables y así lo señaló el TS en el caso de Eligio Hernández.

Yo sostengo que la cusa de los obligaciones es controlable salvo en lo que tenga de elemento político. En otro caso acabaría habiendo contratos sin causa ni razón alguna y cuyo servicio al interés general sería ninguno.

 

Residencia Pio XI


Ayer cenamos  juntos algunos, que, a principios de los 90, estuvimos en la Residencia Pío XI de Madrid. Había compañeros de master y de oposiciones.

Fue una cena muy agradable y rememoramos situaciones que ya ni recordaba. La verdad es que al final me dolía la barbilla de lo que me reía.

Da gusto ver a la gente, un poquito más mayor, desarrollando bien todo tipo de puestos, e igual que entonces, con las mismas ganas de juerga.

La Residencia era y es peculiar, entonces era sólo masculina, hoy creo que también, sus austeras habitaciones las poblábamos opositores y másteres principalmente, también vivían allí, de modo permanente, algún que otro profesor y algún pirado.

La Residencia pertenecía a la Fundación Pablo VI donde estaba también la Residencia León XIII y el Colegio Mayor Pío XII. la calle se llamaba Juan XXIII con lo que sospecho que sólo hay más papas en el Vaticano. De hecho en aquella zona había mucha casa provincial de órdenes religiosas en España y la llamaban “el pequeño vaticano”.

Como curiosidades diré tres, la primera es que cerca de ahí había un convento que exponía un santo incorrupto, cosa curiosa, cerca estaba el Tribunal Constitucional y la Escuela Diplomática, y el fundador de la residencia y todo el complejo fue el cardenal Herrera Oria.

El cardenal fue una persona interesante, fue abogado del Estado, fundó el periódico el Debate, la Asociación católica nacional de propagandistas, y durante la guerra hizo el seminario el Bélgica, se ordenó sacerdote, luego fue obispo de Málaga y , como obispo, fue creado cardenal.

Durante una noche D. Angel Berna,  director de la Fundación, nos enseñó la capilla privada y habitaciones del cardenal y nos habló de sus costumbres.

La última noticia que tuve es que estaba abierto su proceso de canonización.

La Fundación se dedicaba a la doctrina social de la Iglesia, los opositores a sacar la oposición, algunos a vivir bien, y los que hacían máster a ir al máster y a quedar con compañeros a hacer trabajos.

Ya hace unos más de 20 años de eso; fue una experiencia intensa, como dijo un amigo que no vino a la cena, pero pese a todo no la comentamos a menudo porque esos años del todo agradables no fueron.

Hemos juzgado esos años por el resultado final pero, en esto, hubo de todo. Ahora, transcurridos unos años, quizá deberíamos contar más con lo que aprendimos día a día y las amistades que hicimos. Eso creo que es lo que hacemos todos.

 

El objeto de los contratos

Según el art. 1261 del Código civil, uno de los elementos esenciales de todo contrato es “objeto cierto que sea materia del contrato” objeto cierto, no un objeto difuso o citado de cualquier forma.

Evidentemente, estamos ante una cuestión jurídica de primer orden que va a definir la calificación del contrato y los derechos y deberes de las partes,

Esta es una cuestión en que siempre he insistido mucho, si no se define bien el objeto del contrato no sabemos ante qué estamos.

Recuerdo que en mis comienzos en la actividad jurídica consultiva nos comentaron que se había calificado como “contrato de suministro colocado” el reasfaltado de una carretera.

Evidentemente nos pareció  una barbaridad que a un caso típico de contrato de obras se le calificara de suministro, pero, al poco, me enteré de un suministro de colector instalado. En fin. si seguimos es ilógica podríamos calificar la construcción de una casa como suministro de materiales de construcción instalados, o servicios de colocación de materiales de construcción.

Todo esto se debe a leer derecho, saber derecho es otra cosa. Siempre hay riesgo de equivocarse, pero no de forma tan grosera.

Era, y espero que ya no sea a día de hoy, una mala praxis el definir el objeto por pura remisión al pliego de prescripciones técnicas, es decir, el pliego de cláusulas jurídicas se convertía en un mero formulario siempre igual para contratos de la misma clase,

Los jurídicos abdicaban de toda responsabilidad que quedaba en manos de los técnicos, y era, la definición técnica del contrato la importante quedando la jurídica en un lugar inexistente. De ahí que los técnicos hacían las calificaciones que podían, es como poner a un abogado a redactar los planos de una obra, ni más ni menos.

No voy a insistir en el tema pero cada cual ha de tener su parcela, y los jurídicos y los técnicos son importantes en la definición y precisión del objeto de todo contrato.

Jurídicamente hay que hacer siempre una literatura concisa y adecuada, siempre y en todo, Hay que  procurar ser breve y completo, como dice Gracián: “lo bueno si breve dos veces bueno”, lo que no se puede ser es escaso o insuficiente.

Si no definimos el objeto del contrato con todas sus prestaciones, y dejamos sus aspectos técnicos al pliego correspondiente, no sabremos lo que queremos ni cómo lo queremos ni los derechos y deberes de las partes.

El objeto es la piedra angular de todo contrato, hay que partir de él para saber dónde estamos.

 

Teoría general de la contratación

Estaba pensando en la contratación pública cuando, de repente, me ha venido a la cabeza, con música y todo, el salmo 69: “Dios mío ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme”. Hecha la inevitable relación, y viendo que el salmo valía excepto para politeistas y ateos, lo he rezado con devoción antes de afrontar lo que me propongo.

Y me propongo hacer fácil lo que se nos antoja difícil, en este caso la contratación pública.

Hemos de partir de la teoría general de los contratos del derecho civil, no saber derecho civil es como ir a conducir una bicicleta y no saber cómo funciona. Es lo que pasa cuando opina en derecho gente que no sabe, la de tonterías que uno ha tenido que oir en mesas de contratación dan para empapelar varios pisos.

Pero sigamos con la teoría general, como dice el art, 1254 del Cc “El contrato existe cuando una o  varias personas consienten en obligarse respecto a otra u otras en dar alguna  cosa o prestar algun servicio”

Es una definición que nos vale para todo tipo de contratos, incluidos los públicos, que no son del género marciano.

En todo contrato están las partes, dos o más, depende del contrato ( por ejemplo en el contrato de sociedad puede haber varios).

También está el objeto, que hay que definirlo muy bien.

Y la causa, el fin, el porqué, el objetivo del contrato.

Todos estos elementos son básicos, hay que conocer muchos más datos civiles, pero, sin éstos, no vamos a ningún lado.

Pueden parecer algo obvio y evidente pero, en mi vida profesional, he tenido que insistir mucho no solos en que se definieran bien estos tres elementos sino en su necesaria explicitació, clara y en su sitio, por escrito.

 

Los Contratos públicos

Uno de los temas más importantes del Derecho Administrativo es la Contratación pública.

Para mí ha sido una especie de maldición pues, después de no hacerle mucho caso en la carrera y la televisión, me dediqué a ella como letrado de la DGA desde el primer mes de trabajo y luego me toco especializarme en ello, en la CARTV tuve que diseñar todo el sistema de contratos que la sustentaban, y en Cuatrecasas he tenido muchas consultas y pleitos al respecto.

Parece un peñazo pero no lo es. Al fin y al cabo es la mayor labor que lleva a cabo la Administración. contratar obras, servicios y suministros. Llevo idea de ir hablando poco a poco de esto, para que este blog sirva de algo a quienes se internen en el estudio de la nueva Ley de Contratos Públicos, que está por salir.

Hay y habrá temas importantes, en realidad nunca hay muchos cambios. Abordaré la contratación desde muchos puntos de vista.

Para mi ha habido muchos difíciles, hoy solo voy a referir el primero de ellos que fue la redacción de pliegos.

Al principio de mi trabajo (1995) en la DGA, como Letrado, informaba pliegos y veíamos pasar cada cual de su padre y de su madre.

Luego se formó una comisión para redactar pliegos tipo para toda la Administración. Ahí me dí cuenta lo difícil que era  redactar cada cláusula, pero fue una buena experiencia para seguir con el tema. En la CARTV me tocó redactarlos a mí solito y la experiencia previa me vino muy bien.

Los pliegos tienen vida propia, eso me dijo un jefe mío y debe saberlo quien se dedique a tal menester, y no solo porque pueden contener errores, sino porque la realidad es más rica que la ficción, y porque hay matices y sentidos en la letra de los pliegos que no han sido ni pensados por sus redactores.

Veremos a ver en qué lugar deja la nueva ley a los pliegos pero creo que no va a haber cambios.

 

Los Fueros de Aragón (y II)

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Nos quedamos en la relación con la Constitución del Derecho foral. La Constiución de 1978 establecía dos vías de acceso a la autonomía, si se accedía por la vía rápida (la del art. 151) se podían asumir todas las competecias salvo las reservadas por el art 149 al Estado. Si se accedía a la autonomía por la vía lenta (la del art. 143) sólo se podían asumir las del art. 148, y en 5 años todas (salvo las reservadas al Estado en el art. 149).

Aragón acccedio por la vía lenta, la “modificación ,conservaci,on y desarrollo” del derecho foral venía referida en el art 149.1.8,esdecir, sólo la podían asumir Comunidades de vía rápida, pero Aragón asume la competencia desde el primer momento.

En 1985 la Cortes de Aragón adaptan la Compilación al nuevo entorno jurídico democrático.

En 1988 se da la ley de equiparación de hijos adoptivos en Aragón. ley que da lugar a la STC de 12 de noviembre de 1993 por las que se interprta “conservación, modificación y desarrollo” en sentido amplio, es decir,  no solo se refiere a las materiass expresamente reguladas en la antigua Compilación, sino a aquellas que lógicamente sean desarrollo de las mismas entre las que no se encuentran las que el propio 149.1.8 reserva al Estado.

Con dicha doctrina del TC, las Cortes de Aragón, con la importante labor prelegislativa de la Comisión Aragonesa de Derecho Foral, va modificando, adaptando y desarollando el derecho aragonés.

Su relación con el Código Civil es su prioridad en su aplicación y la supletoriedad del Código Civil en caso de laguna. Todo ello respecto de quienes ostentan la vecindad civil aragonesa, tema que trataré en otro post.

Hoy en día el Derecho civl aragonés viene principalmente recogido en el Decreto Legislativo !/2011, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Código del Derecho Foral de Aragón.

 

Los Fueros de Aragón (I)

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Pero ¿qué son? cuando alguien dice que algo es así  esto es así porque lo dicen los fueros de Aragón sabemos a ciencia cierta que no es perito en la materia, y que la frase puede querer decir dos cosas: 1- esto es así porque lo digo yo, o mentando cierta parte anatómica que no tiene mucho que ver con el habla  2- o, me suena que algo hay, algo me han dicho.

Para saber qué son los Fueros hemos de remontarnos al año 1035 de nuestra era en el que muere Sancho el mayor de Navarra y su hijo bastardo Ramiro hereda el condado de Aragón y  se convierte en su primer rey: Ramiro I.

Su hijo el rey Sancho Ramírez convierte la villa de Jaca en su capital y le otorga fueros: el Fuero de Jaca, datado en 1063.

Los Fueros tenían una doble intención 1) atraer pobladores a un lugar dando ciertas exenciones 2) dotar de normas jurídicas a una zona.

Además el Fuero de Jaca no es un conjunto de normas basado en el Derecho romano, o en el visigótico, o en el germánico, es, predominántemente, autóctono. El Reino de Aragón nace en un valle cuyas comunicaciones con Franci,a el sur musulmán, y otros valles cristianos no son un prodigio, y ello , entre otras cosas, le lleva a buscar soluciones propias.

En fin, sea como fuere, la primera norma importante del Reino de Aragón era más autóctona que otra cosa.

El fuero de Jaca fue considerado un “buen fuero” y se fue repitiendo en el Reino de Aragón a medida que éste se expandía.

La unión con cataluña, forjada por el matrimonio de la reina Petronila con el conde Ramón Berenguer, no supuso cambios, cada territorio conservó sus instituciones y su derecho. Eso mismo pasó cuando se crearon los reinos de Valencia y Baleares con Jaime I, cada terriotorio tenía sus cortes y su derecho.

Fue con Jaime I cuando, en las Cortes de Huesca de 1247, cuando se aprueba la Compilación de los Fueros de Aragón. En ella predominó la mano del obispo Vidal de Canellas y el mayor influjo canonista, y por ende del Derecho Romano.

A la Compilación de Huesca su unieron las compilaciones de las Observancias, que eran las decisiones de los Justicias.

Con el matrimonio de los Reyes Católicos vino la unidad de los reinos hispánicos en torno a sus reyes pero cada cual tenia sus cortes y su derecho propio.

Con los sucesos de Antonio Pérez y la intervención de Felipe II hubo lugar a una inssurrección aragonesa que fue aplastada por el ejército real y llevó a la decapitación del Justicia,

En las Cortes de Tarazona, 1592, se produjeron ciertos ajustes, favorables al rey, en  nuestros fueros en sus aspectos de Derecho público.

La dificultad para el rey era el tener que pedir subsidios en las diferentes cortes de la corona de Aragón, para sostener sus guerras. En tiempos de la casa de Austria, la situación jurídica de España llevaba a eso, haciendo recaer en Castlla un peso que el propió conde-duque de Olivares intentó, sin conseguirlo, repartir con los reinos de la corona de Aragón.

Asi pues, cuando Carlos II muere en 1700 su testamento deja todos sus reinos a su sobrino Felipe d´Anjou, nieto de Luis XIV, rey de la muy poderosa y centralista Francia.

Felipe V toma posesión de sus reinos, jurando en todas las cortes, pero pronto se produce la guerra de sucesión española y los reinos de la corona de Aragón se posicionarán con el pretendiente austriaco en la creencia  de que respetará sus fueros.

Los consejeros franceses aconsejan al monarca que vaya suprimiendo los fueros en la medida en que entra en los reinos sublevados. Así en 1707 suprime los fueros de Aragón y  sus insttuciones de gobierno.

Pero así como era fácil suprimir Cortes y Justicia, derecho público y penal y  ordenar que todo se rigiera por lo establecido para Castilla, era más difícil ordenar que pasara lo mismo en el derecho civil. La normativa civil deriva de la costumbre o de unas formas de hacer asumidas por los particulares y es difícil que estos cambien.

En los años siguientes a 1707 se constató la vigencia y arraigo del derecho civil foral. Así que en 1711 Felipe V permite la vigencia del derecho civil foral en Aragón, Cataluña y Baleares, no así en Valencia.

Claro el derecho civil pero sin Cortes aragonesas que lo adapten, queda, pues, como un jarrón chino.

Así llegamos a la etapa codificadora, sg XIX, y el más claro intento (código de García Goyena 1850) fracasa ante la oposición de las regiones forales.

El código civil de 1889 sale a la luz tras respetar los derechos forales y reservarles un sistema de apédices, del que sólo se aprobó el aragonés en 1925.

La cuestión foral, irresoluta, se abordó en el congreso de jurisconsultos de Zaragoza de 1945. En ese Congreso se decidió caminar hacia un código civil general para toda España, pero antes recoger en compilaciones la normativa propia de cada terrtorio foral. Así se aprobaron las complilaciones de Galicia, Alava y Vizcaya, Cataluña, Baleares, Aragón y Navarra.

La compilación aragonesa fue aprobada en 1967. En 1973 se reforma el título preliminar del código civil y queda claro que los derechos forales, en los territorios precitados, se aplicarán con prioridad al código civil, el cual, en todo caso, quedará como derecho supletorio de todos ellos.

Dejo para otros capítulos la siuación actual del derecho civil aragonés, pero, como vemos, es lo  que queda de nuestros antiguos fueros, no es nada mas ni nada menos.

 

LOMBROSO

Cesare Lombroso fue un famoso médico y criminólogo italiano del  siglo XIX, tenía la teoría de que la suma de determinados rasgos físicos hacían que una persona fuera delincuente.

Yo jamás creí en las teorías de Lombroso pero, en mi actuación profesionalo, dí con un Juez de instrucción que sí creía en él.

Esto fue hace años, puede que antes de la LJCA de 1998 solicitando una entrada en domicilio o defendiendo a un menor. Es decir, cuando era Letrado del Gobierno de Aragón.

Es curioso pero jamás pensé en mis oposiciones a Letrado que iba a llevar asuntos de familia o de menores. Sucede que a la Administración Autonómica, como Entidad Pública, le corresponde tramitar acogimientos y adopciones. En Aragón es el Letrado quien promueve judicialmente estos expedientes. Y ahí me ví yo un cierto tiempo, llevando estos casos. Pero, además, en algunos caos, había que solicitar la entrada en domicilio para retirar al menor de la familia biológica; cuando era un caso difícil acudía el Letrado con la solicitud.

En vía civil había ciertos asuntos de familia abiertos, es cierto que la Administración ni se casa ni se divorcia, pero quedaban los temas del acogimiento y la filiación adoptiva.

Además de esto, resultó que, en vía penal, la Administración autonómica contaba con menores tutelados no dados ni en acogimiento ni en adopción. La cuestión era quién los defendía en caso de delinquir. Al principio se les buscaba un abogado de oficio, pero en un par de casos se llamó a una compañera y tanto el Juez de Menores como la Administración quedaron tan complacidos que se la volvió a llamar. A esa compañera la sucedí yo y me ví defendiendo menores todos los viernes. Después de discutirlo con el Juez y otros compañeros, y aunque ningún, juzgado pusiera problema, introdujimos esta actuación del Letrado en la Ley de infancia de Aragón.

Aprendí mucho, humana y penalmente, del Juez, luego de las Jueza, de los y las fiscales, de los educadores, y de los niños, Acabé mis actuaciones en el Gobierno  de Aragón con pleitos en esta materia. Ya en la CARTV escribí un libro, en la colección El Justicia de Aragón, sobre la acción administrativa en materia de menores en Aragón.

Total que, volviendo al principio, mi experiencia dice que Lombroso está bien en el siglo XIX no ahora, sus teorías sobre el aspecto físico son del todo fallidas. Si fueran ciertas, el Juez de Instruccón en cuestión tenía algunos números y eso no  tenía sentido. Determinar al delincuente por sus rasgos físicos es, sen cillamente, absurdo.

Ignorantia iuris non excusat

También se dice Neminem licet ignorare ius, máximas que fueron transcritas a nuestro Código Civil de 1889 y hoy lucen en el art. 6.1 del citado Cc: La ignorancia delas leyes no exime de su cumplimiento. Lo contrario a Puigdemont le vendría muy bien para el caso de los bienes de Sijena.

Ya en 1889 Joaquín Costa se opuso a esta regla, y no por las mismas razones de Puigdemont. Yo creo que es una máxima precisa para hacer cumplir todo el ordenamiento jurídico, pero lo cierto es que la oposición de Costa siempre me dejó un poco mosca. Costa calificaba esta norma como de “tiranía jurídica” lo que pasa es que no dejaba alternativa si la aludida ignorancia del Derecho llevaba a incumplir la norma incómoda.

El día 31, hablando con un amigo no jurista, me comentaba cómo una mujer de pueblo, con la instrucción justa, había recibido carta, sin certificar, de una Registradora, que le daba plazo para que realizara alegaciones sobre su propiedad de un bien.

Claro para los juristas esto es normal y sabemos qué hacer, la señora en cuestión no. A lo largo de mi vida profesional me acuerdo de tres personas que, a través de empleados y compañeros,  tuvieron conocimiento y notificación formal de demandas de procesos monitorios. Uno reaccionó a tiempo, pese a no entender nada, vino a mi como abogado, nos opusimos, paramos el tema y luego ganamos el juicio. Los otros dos reaccionaron  tarde y ya les expliqué que se les daba por confesos y a pagar por mucho que les pareciera injusto. Si era muy injusto luego podían poner un juicio ordinario para recuperar.

El juicio monitorio es una muestra clara de la injusticia del sistema, bastaría con regularlo de otra manera ,  de modo que el demandado en persona supiera sus consecuencias, para restaurar la seguridad jurídica.

Si, hoy en día, mantenemos el art 6.1 del  Cc, es preciso que la gente sepa de qué va lo que se le comunica antes de decidir si acude a un abogado.

En pleno siglo XXI no cabe lo que he señalado para el proceso monitorio ni lo que hizo la Registradora, además, para más INRI, la Registradora, suponiendo que la señora tenía acceso a internet, le manda la dirección de una página web para que vea la situación física de la finca. Tela con el asunto.

Hay que recordar que el art. 9.1 de la Constitución proclama el principio de seguridad jurídica, principio que nos ayuda a interpretar el art. 6.1 del Cc.

Hoy en día, las notificaciones deberían ser más claras, advertir de los peligros y de las consecuencias mejor ( muchas normas son muy técnicas), y dar dos direcciones, una física y otra electrónica para que el interesado pudiera consultar su posición con funcionarios peritos en la materia. Debería darse un plazo para acudir a esa oficina, señalar que, desde entonces, se cuenta el plazo, y advertir de las consecuencias.

Hoy en día el procedimiento no puede quedarse en cosas que eran un avance en el sg XIX, hay que ir más allá. No se puede, además, normar para el ciudadano sino desde el ciudadano, lo demás es una especie de despotismo ilustrado.

Deberían opinar los ciudadanos con menor nivel de instrucción, cubierto lo más grave, se puede trabajar para todos los demás.

Cierto que la Administración, dado que vela por el bien común (art. 103 de la Constitución) ha de ser una potentior persona, pero cierto es que muchas veces se olvida de ese servicio al interés común y se prevale de sus privilegios injustamente.

Hoy día la Administración y la Justicia han de dar un paso más en beneficio del ciudadano.